En un mensaje de año nuevo, el
presidente de México, Enrique Peña Nieto, prometió trabajar para “liberar” a su
país del crimen, la corrupción y la impunidad. Su gabinete ha establecido esto
como su prioridad. El mensaje es el correcto. Pero desafortunadamente para Peña
Nieto, los mexicanos son cada vez más escépticos acerca del mensajero.
México sigue agitado por la
respuesta del gobierno al secuestro de 43 estudiantes en septiembre, a manos de
la policía municipal en el estado de Guerrero, al suroeste de México, y
aparentemente asesinados por narcotraficantes. La investigación del caso parece
estar estancada. La respuesta política de Peña Nieto a la masacre es una
iniciativa de reforma constitucional para abolir las fuerzas municipales. Pero
el Congreso podría no aprobarla, entre otras cosas porque algunas están menos
dañadas que las fuerzas estatales que quedarían en su lugar.
En defensa del gobierno, el
estado de derecho no se puede crear en una noche. Tomará años, quizá décadas,
limpiar y fortalecer a la policía del país. Pero sus críticos creen que Peña
está esquivando la tarea más importante: castigar a los mandos políticos
corruptos que son cómplices del crimen organizado. Y el propio gobierno está
marcado por el escándalo.
El más reciente bochorno,
publicado esta semana por The Wall Street Journal, es que en 2005 Peña compró
una casa de un pequeño constructor que había ganado una gran cantidad de
contratos en su administración. Esto siguió después de las revelaciones de que
su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró una casa de $500 mil dólares
en un club de golf de moda, con un crédito del propio vendedor, una compañía
propiedad de Juan Armando Hinojosa. Ese empresario ha recibido mucho trabajo
del gobierno federal y previamente del Estado de México, cuando Peña fue
gobernador y Videgaray su secretario de finanzas.
Esto confirma los nexos cercanos
entre esta administración y Grupo Higa, el imperio de Hinojosa. En noviembre,
el gobierno canceló abruptamente un contrato de $3 mil 700 millones de dólares,
para un tren de alta velocidad otorgado a un consorcio que incluía a Grupo
Higa. Días después se reveló que la palaciega casa presidencial había sido
comprada con una gran hipoteca, otorgada a la primera dama por el grupo
empresarial.
Ambos, Peña y Videgaray insisten
en que no han hecho nada ilegal. Están perdiendo el punto. En las democracias
modernas, a las que México aspira a pertenecer, el tipo de relación de
rascaespaldas que aparentemente emprendieron con Grupo Higa es vista como
comportamiento inaceptable.
Si se toman en serio la lucha
contra la corrupción y el conflicto de interés, los líderes políticos de México
pueden mirar a Brasil. Petrobras, la empresa petrolera controlada por el
gobierno brasileño, está envuelta en un escándalo mucho mayor, que involucra
sobornos de quizá 4 mil millones de dólares en la década pasada. Los fiscales
creen que el dinero fue a parar al partido en el poder, el de los Trabajadores,
y a sus aliados del gobierno. La presidente, Dilma Rousseff, presidió el
consejo directivo de Petrobras durante gran parte de ese periodo.
Gracias a fiscales y cortes
ferozmente independientes, y una nueva rigurosa ley antisobornos, los
brasileños pueden estar confiados que los delitos en Petrobras serán
investigados y castigados -incluso si el juicio conduce a la propia Rousseff.
En 1992, un presidente brasileño fue sometido a juicio por corrupción; más
recientemente, varios ministros se han visto forzados a renunciar por contratos
controversiales o vínculos no éticos con negocios privados. Docenas de
directivos de empresas del ramo de la construcción, contratadas por Petrobras,
enfrentan cargos criminales.
Para que ese tipo de cosas se
puedan pensar para México, se necesitan varios cambios. Las propuestas para una
fiscalía independiente y una agencia anticorrupción deberían pasar por la vía
rápida (tristemente, los partidarios de Peña quieren que esta última esté bajo
el control del gobierno). El segundo elemento que falta es la responsabilidad
política. Nadie ha asumido la responsabilidad ni ha renunciado por las fallas
en seguridad, las dudas en el contrato del tren o conflicto de interés. Nadie
ha privado a Grupo Higa de los contratos del gobierno mientras se investiga de
manera independiente, aunque sólo sea para demostrar que está libre de culpa.
“No se han dado cuenta que no se
dan cuenta”, dijo un ex funcionario de alto rango. Pero los mexicanos ya se
dieron cuenta. El índice de aprobación de Peña cayó hasta el 40%, cerca del
nivel más bajo en la historia para un presidente mexicano.
Sus audaces reformas económicas
aún pueden traer recompensas políticas. La división de la oposición puede
ayudarle en las elecciones del Congreso que se realizarán en junio. Pero los
meses pasados han socavado la autoridad que él usó para asegurar las reformas.
Y con las encuestas sugiriendo que la participación en las elecciones será
decepcionante, el mayor beneficiado de la escepticismo que está engendrando el
presidente podría ser Andrés Manuel López Obrador, un populista mesiánico,
quien ha estado a punto de ganar la presidencia en dos ocasiones. México se
merece algo mejor